Acuerdo PSOE/CIUDADANOS.

Para los que quieran leer el acuerdo entre PSOE/Ciudadanos antes de opinar pueden verlo aquí

Para los que no quieran leer las 66 páginas del acuerdo, he reducido un poco, poniendo sólo los titulares, para profundizar más  hay que leer el texto completo:

 

ACUERDO PARA UN GOBIERNO PSOE/CIUDADANOS

 

  1. Reforma del Estatuto del CDTI, que se transforma en la Agencia Estatal de Innovación, otorgándole más autonomía y mayores recursos.
  2. Incrementar significativamente, la inversión pública en I+D+i y facilitar la transferencia tecnológica de la universidad a la empresa.
  3. Eliminación de las trabas a los emprendedores y a la creación de empresas con el objetivo de estar en el top 10 del ranking Doing Business a final de legislatura. Implementar un plan integral de racionalización administrativa para simplificar y eliminar leyes y normas, locales, autonómicas y estatales que pongan trabas a los emprendedores y a la creación de empresas. Reducir trabas administrativas para crear un negocio.
  4. Red de Transferencia Tecnológica. Crear una red de institutos tecnológicos donde se lleve a cabo investigación aplicada y los investigadores resuelvan problemas tecnológicos que les plantean empresas (a través de contratos de investigación). La red propuesta es similar a la red alemana Fraunhofer que cada año ayuda a unas 8.000 empresas a mejorar sus procesos productivos con el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.
  5. Mejorar la financiación pública a través de la creación de fondos de inversión público-privados de match-funding, especialmente para sectores estratégicos que coinvierta con capital especializado, mejorando los programas existentes (Fondos Invierte, ICO, CDTI, COFIDES, etc.) Enfocado en sectores de alta tecnología y centrando los recursos especialmente en las etapas iniciales.
  6. Estimular la financiación privada reformando el sistema de deducciones fiscales por I+D+i y equiparar los incentivos fiscales al capital riesgo a los que tienen las empresas con beneficios.
  7. Crear una agencia de apoyo a las pymes (tomando como modelo el Small Business Services británico, o el banco único para PYMES de Luxemburgo) que concentre en un único interlocutor las funciones clave de apoyo en áreas críticas para el dinamismo de las pymes (p.ej. Creación de empresas, gestión de cobros fiscales, financiación, etc.) Y facilite su internacionalización.
  8. Dedicar el 3% de todas las nuevas inversiones públicas a Compra Pública Innovadora primando criterios de sostenibilidad ambiental.
  9. Nuevo Plan de Transformación Digital 2016-2019 de España, que permita extender la banda ancha de alta velocidad a todos los hogares españoles y al grueso de las PYMES y administraciones públicas. Se pondrá especial énfasis en reducir la brecha digital social y territorial.
  10. Elevación de umbrales en el plano impositivo y contable para incentivar el incremento de tamaño empresarial.  Combate contra la morosidad empresarial. Aprobar la implantación de un régimen sancionador en materia de morosidad a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa y exigir a los grandes contratistas en las licitaciones públicas certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontratan.
  11. Unidad de Mercado: Reforma de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado para incorporar un procedimiento de colaboración entre diferentes administraciones basado en la lealtad institucional.  Impulso al ICO para transformarlo en un verdadero banco público de inversiones
  12. Estrategia para implementación del Plan Juncker:  Revisión y refuerzo del sistema de garantías recíprocas, con el objetivo de que juegue un papel más relevante de catalizador de la financiación privada. Se incentivará el aumento de tamaño de las
  13. Impulso del Crowdfunding, modificando la Ley de Financiación Empresarial en dos aspectos: (i) incorporar medidas de transparencia que ayuden a limitar los riesgos para los inversores y (ii) aumentar los límites de inversión.
  14. Elaboración de una Estrategia Estatal para Emprendedores Tecnológicos, que se instrumentalizará mediante la reforma de la Ley de Emprendedores
  15. Creación del Observatorio de la Productividad y Competitividad, siguiendo las recomendaciones contenidas en el informe de la UE sobre la reforma de la Unión Económica y Monetaria. Dicho Observatorio se integrará en la red de Agencias Nacionales de Competitividad.
  16. El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) requiere una reforma en profundidad para, entre otras cosas, avanzar hacia un sistema más justo y equilibrado, en el que las cotizaciones de los autónomos se acerquen a la realidad de los ingresos.
  17. Establecer un nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales del autónomo.
  18. Encontrar fórmulas de cotización para el trabajo autónomo a tiempo parcial, así como el de “vocación de no habitualidad” o complementariedad económica, fenómeno que se extiende con la nueva realidad de la economía colaborativa.
  19. Realizar una nueva reforma del sistema de módulos, haciendo que este se encuentre menos vinculado al tipo o sector de actividad y más a los niveles máximos de ingresos y ventas.
  20. Permitir que en las altas y bajas a la Seguridad Social que no se realicen el primer día de mes, el importe de la cotización social se hará únicamente por los días efectivos de trabajo del mes correspondiente.
  21. Mayor periodicidad en el cambio de bases de cotización. Poder cambiar de base de cotización al menos en cuatro ocasiones dentro el periodo anual, y así acomodar la cotización a una realidad de ingresos que cada vez es más variable.
  22. Plazo del pago de cotizaciones. Eliminar la obligatoriedad mensual, pasando a trimestral, para dar respuesta a las actividades temporales o discontinuas.
  23. Reducir la penalización en el retraso de los pagos. Reducir el 20% de recargo por retrasos de veinticuatro horas, haciendo este extensible al menos a cinco días desde el final del plazo.
  24. Flexibilizar el acceso a la tarifa plana para aquellos autónomos que hayan tenido que abandonar la actividad por causas justificadas y que soliciten de nuevo la tarifa reducida al comenzar una nueva actividad.
  25. Declaración del IVA con carácter anual en el primer año de actividad y posibilidad de solicitarlo para el segundo año, previa consulta con las autoridades europeas.
  26. Eliminar las retenciones por IRPF a los nuevos profesionales hasta que no se llegue a un rendimiento neto de al menos 12.000 euros anuales en los dos primeros años de actividad.
  27. Extender los mecanismos de mediación extrajudicial en las controversias de carácter mercantil o comercial.
  28. Estudiar mecanismos de compensación de las deudas de los autónomos con Hacienda y la Seguridad, con aquellos créditos que los mismos tengan contra una administración pública.
  29. Eliminar el periodo de 5 años en el que las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas.
  30. Incorporar las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social al mecanismo de segunda oportunidad, con un tratamiento similar al que gozan las entidades mercantiles en los concursos;
  31. Reducir los requisitos o condicionantes para poder acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho de la persona natural;
  32. Inembargabilidad de la vivienda habitual en caso de familias con dificultades.
  33. Revisar la regulación de sectores donde haya una gran concentración empresarial -sectores estratégicos, como el energético, telecomunicaciones o las infraestructuras- para favorecer la entrada de nuevos competidores, dotando de transparencia a las regulaciones.
  34. Reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dotándola de mayor independencia funcional
  35. Avanzar en la liberalización del acceso y ejercicio a los servicios profesionales.
  36. Reorganizar la estructura institucional de la supervisión financiera, adoptando el modelo de dos pilares (twin peaks), uno para solvencia y otro para conductas, vigente ya en la mayor parte de los países de nuestro entorno
  37. Transposición de la Directiva de la Unión Europea sobre contratación pública que permite la reserva de contratos públicos a empresas sociales y de propiedad de trabajadores.
  38. Establecer un tratamiento fiscal favorable para las empresas de economía social.
  39. Reforma de la Ley de Cooperativas para hacer más operativo su funcionamiento económico y social.
  40. Reforma de la Ley de Mecenazgo para mejorar los incentivos fiscales al mecenazgo, la filantropía y la participación social (micro mecenazgo); así como para regular la figura del ¨endowment¨,
  41. Creación de un Protectorado único de ámbito estatal para las fundaciones
  42. Regulación de la economía colaborativa: Se constituirá una Ponencia parlamentaria, que consultará con expertos, empresas e instituciones que representan la economía colaborativa para identificar los obstáculos para su desarrollo en nuestro país, con especial incidencia en los ámbitos laboral y fiscal.
  43. Reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para convertirla en un nuevo Código de Consumo
  44. Integración en la CNMC de las competencias en materia de consumo
  45. Fomentar la reparabilidad de los productos y combatir la obsolescencia programada.
  46. Adoptar medidas para reducir el desperdicio de productos comestibles
  47. Revisar la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias, incluida la eliminación completa de las cláusulas suelo.
  48. Reforzar la regulación de los préstamos no bancarios, entre particulares, para evitar los intereses usureros y abusivos, así como situaciones de fraude y estafa.
  49. Refuerzo de los mecanismos del ejercicio de acciones colectivas de consumidores y usuarios para la reparación de sus derechos
  50. Incorporar en la legislación correspondiente un nuevo modelo de gobernanza empresarial para las grandes empresas
  51. Incorporar a la legislación actual fórmulas de representación de los trabajadores que fomenten el buen gobierno, especialmente en las grandes empresas.
  52. Regular adecuadamente el comportamiento de los llamados Asesores de Voto o Proxy Advisors,
  53. Revisar y hacer transparentes las cada vez más complejas estructuras de remuneración de los altos directivos y consejeros.
  54. Endurecer los requisitos para garantizar la máxima concurrencia y transparencia a través del establecimiento de pactos de integridad de los licitantes, limitaciones estrictas al fraccionamiento de contratos y a las revisiones de costes.
  55. Incluir cláusulas equivalentes al Small Business Act de EEUU para reservar una parte del gasto de las Administraciones Públicas a las PYMES.
  56. Revisar los procedimientos de concesiones de obras públicas y de colaboración público-privada,
  57. Promover un gran Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética.
  58. Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética
  59. Establecer una moratoria durante esta legislatura para las prospecciones con fractura hidráulica (fracking) y restringir las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos.
  60. Cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil.
  61. Reformar el Real Decreto 900/2015, que regula las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, incluido el denominado “impuesto al sol”,
  62. Acometer una reforma del mercado eléctrico,
  63. Avanzar en la autonomía energética garantizando la seguridad de suministro que incluya la solución al consumo del carbón nacional.
  64. Creación de un fondo verde para la transición energética,
  65. Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana,
  66. Desarrollar plenamente el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (Smart cities), mediante la creación de un consejo asesor de ciudades inteligentes.
  67. Recuperar la prohibición absoluta de cambio de uso de suelo en zonas forestales incendiadas.
  68. Impulsar un estatuto básico para agentes y bomberos forestales.
  69. Recuperación y desarrollo de la Ley de Patrimonio Natural y Protección de la Biodiversidad de 2007
  70. Hacer efectiva la garantía del derecho a un agua de buena calidad
  71. Otorgar especial prioridad a los territorios afectados por la sequía
  72. Aprobar un Plan de Restauración de ríos y humedales.
  73. Aprobar un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización del Agua.
  74. Recuperar los plazos de protección del dominio público marítimo terrestre de la Ley de Costas de 1987.
  75. Prohibición total de cualquier intervención nueva salvo para su protección.
  76. Plan de usos de espacios marinos, primando su valor ambiental y velando por la plena compatibilidad de los autorizados.
  77. Estrategia de adaptación de la costa al cambio climático.
  78. Impulsar el objetivo de Vertido cero.
  79. Impulsar el ecodiseño, la utilización de materiales recuperados y el impulso de la trazabilidad de todo tipo de productos.
  80. Fomentar la concienciación y sensibilización de la ciudadanía.
  81. Mantener un firme compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE.
  82. Cumplir los nuevos objetivos de déficit que se negocien con las autoridades europeas, situando el déficit por debajo del 3% en 2017, hasta lograr unas finanzas públicas saneadas al final de la legislatura.
  83. La senda concreta de reducción del déficit público se acordará con las autoridades europeas en base a la situación real de las finanzas públicas heredadas del actual gobierno. Será necesario conocer la liquidación final del déficit de 2015, que presumiblemente presentará una importante desviación, especialmente las cuentas de la Seguridad Social y las CCAA.
  84. Mejorar la eficiencia en el gasto público a través de la eliminación de duplicidades administrativas.
  85. Potenciar la evaluación de los programas de gasto público,
  86. Asegurar la total independencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF),
  87. Reforma integral del sistema tributario. El nuevo gobierno nombrará una Comisión de Expertos, que estudie y presente una propuesta concreta sobre cómo mejorar la progresividad y eficiencia del sistema tributario y, en particular, de la tributación de la riqueza.
  88. Reformar en profundidad el Impuesto de sociedades
  89. Reformar el IRPF con el objetivo de reducir la tributación de las rentas del trabajo cuando la situación presupuestaria lo permita y, mientras tanto, no subirles los tipos.
  90. Estudiar la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas para ayudar a conseguir el equilibrio presupuestario.
  91. Crear una Oficina Nacional de control fiscal de grandes fortunas en la Agencia Tributaria.
  92. Armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Patrimonio, estableciendo unas horquillas de bases y tipos mínimos y máximos para todo el territorio del estado.
  93. Reducir el IVA cultural al 10%, promover el mantenimiento del IVA del libro en el 4%, e impulsar en el seno de la UE su equiparación para el libro electrónico
  94. Revisar la configuración de los impuestos especiales para hacer de los mismos unos auténticos impuestos medioambientales.
  95. Combatir decididamente el fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida.  Supresión de la prioridad absoluta del convenio de empresa sobre los convenios de ámbito superior. En materia de jornada y salario base cuando exista regulación contenida en el nivel sectorial superior al de empresa no podrá alterarse -a salvo de los procedimiento de descuelgue establecidos-. No obstante en el resto de las materias la preferencia residirá en el ámbito de la empresa.
  96. Mantenimiento de la ultraactividad de los convenios durante el periodo de renegociación y establecimiento de un periodo máximo de 18 meses, durante el cual deberá acudirse a resolver las discrepancias en un procedimiento arbitral.
  97. En el caso de la modificación de la estructura y cuantía del salario, el procedimiento que permite al empresario la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual y colectivo se aplicará por una cuantía máxima del 5% y por un período máximo de 12 meses, tras el cual deberá demostrarse de nuevo la causa por el empresario y negociarse con un nuevo período de consulta.
  98. Supresión del arbitraje obligatorio de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
  99. Desde la consideración de que la ordenación de la estructura de la negociación colectiva corresponde a la autonomía colectiva, el ámbito provincial de la negociación colectiva sectorial debe ser superado.
  100. El mantenimiento de la configuración legal del convenio colectivo de eficacia general debe acompañarse de mecanismos efectivos de adaptación negociada a las necesidades reales de las empresas.
  101. Junto a los contratos de relevo y para la formación, las modalidades de contratación se reducen a dos: un contrato de trabajo indefinido para la cobertura de puestos de trabajo indefinidos; un contrato estable y progresivo para la cobertura de puestos de trabajo de duración determinada.
  102. El nuevo contrato estable y progresivo no tendrá una duración superior a dos años aunque la negociación colectiva podrá acordar una duración menor según sectores de actividad productiva.
  103. En el tercer año se convertirá en un contrato indefinido.
  104. La regulación establecerá desincentivos para las empresas que abusen de un exceso de despidos por contratos estables y progresivos,
  105. Se creará un nuevo fondo (de forma similar al modelo desarrollado por Austria) en el marco del diálogo social, que se hará cargo del pago de 8 días por año de antigüedad en la indemnización que corresponda en caso de despido individual o colectivo.
  106. Puesta en marcha con la mayor urgencia de un Plan de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que luche contra la explotación y la precariedad laboral
  107. NEGOCIAR UN NUEVO ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
  108. UN PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL
  109. Sustituir la inmensa mayoría de las exenciones y reducciones que supongan una merma de los ingresos a la Seguridad Social por programas eficaces para reintegrar a los desempleados en el mercado laboral, reorientar las bonificaciones para la conversión de contratos temporales en indefinidos, y centrarse en los colectivos más vulnerables a través de un programa de subvenciones para los parados de larga duración.
  110. Se desarrollará un Plan de recolocación externa de trabajadores despedidos (PREX) destinado prioritariamente a los mayores de 45 años, desvinculados definitivamente de su empresa de manera voluntaria o forzosa, como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en un proceso de reestructuración empresarial, para que sean asistidos inmediatamente en la búsqueda de empleo y lograr que estén el menor tiempo posible en situación de desempleo.
  111. En el ámbito de la formación conviene diversificar la oferta de acciones de formación abriendo el abanico de políticas activas
  112. Impulsar definitivamente una atención individualizada basada en el perfilado de los desempleados.
  113. Es fundamental llevar a cabo una estrategia de evaluación permanente de las políticas activas de empleo.
  114. Es necesario poner en marcha un Plan de choque contra el paro de larga duración.
  115. Una prioridad esencial consiste en el fomento de la adquisición de competencias básicas para el empleo. Para ello debe desarrollarse un Plan para la Adquisición de Competencias Básicas para el Empleo.
  116. Es razonable poner en marcha un programa público de formación y empleos de transición.
  117. ALCANZAR UN PACTO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA COMO UNO DE LOS EJES FUNDAMENTALES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
  118. Pacto Educativo. Constituir una Mesa para alcanzar un Pacto Social y Político por la Educación que, en el plazo de seis meses, permita la elaboración de un marco legal consensuado. Mientras tanto, se paralizará con carácter inmediato el calendario de implantación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no han entrado en vigor.
  119. Promover los instrumentos que aseguren, preserven y potencien el carácter inclusivo e integrador de la enseñanza, impulsando la atención individualizada, los modelos tutoriales personalizados y la flexibilización de los currículos.
  120. Configurar la beca como derecho subjetivo que garantice su reconocimiento efectivo a todo el que reúna las condiciones establecidas para obtenerla,
  121. Universalizar de manera progresiva la oferta de Escuelas Infantiles en la primera etapa de 0 a 3 años.
  122. Reforzar el reconocimiento social y profesional de los profesores, mejorar su formación y fijar sistemas acordados de evaluación.
  123. Constituir un grupo de trabajo que, en el plazo de tres meses, proponga una revisión global del sistema de formación profesional (reglada y para el empleo), que incluya medidas de fomento para las medianas y grandes empresas destinadas a lograr su cooperación y compromiso con la formación profesional de personas ajenas a sus propios trabajadores o aspirantes a serlo.
  124. Dotar de más autonomía y flexibilidad interna a los centros educativos para el mejor cumplimiento de sus fines de calidad y equidad,
  125. Nos proponemos establecer un modelo educativo bilingüe o trilingüe añadiendo una lengua extranjera, de preferencia el inglés, a la oficial u oficiales de cada Comunidad Autónoma,
  126. Mejorar las competencias cognitivas y no cognitivas, mejorando el aprendizaje de habilidades como el uso crítico de la información, el fomento del trabajo en cooperación, el espíritu emprendedor y la ciudadanía crítica.
  127. Crear un Plan Estatal de Convivencia Escolar que asegure una prevención y un control eficaces frente al acoso escolar, el ciberacoso y el bullying, en cuya ejecución se impliquen los centros docentes.
  128. Impulsar una política universitaria que renueve y fortalezca nuestras universidades, como parte esencial del “sistema del conocimiento”,
  129. Establecer la evaluación rigurosa de la calidad del sistema, el diálogo social e institucional y la búsqueda de acuerdos para afrontar los problemas y retos de nuestras universidades.
  130. Fomentar la internacionalización del sistema universitario en todos sus ámbitos,
  131. Presentar una propuesta de Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI)
  132. Promover, en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades,
  133. Establecer el carácter de las becas como derecho subjetivo de todas las personas con necesidad de ayuda para igualar oportunidades.
  134. Definir un nuevo modelo de financiación de las universidades públicas
  135. Mantener el objetivo europeo a medio plazo de invertir el 3% del PIB en educación superior.
  136. Mejorar la gobernanza de las universidades públicas,
  137. Impulsar un programa específico para recuperar al alumnado que haya tenido que abandonar sus estudios universitarios por motivo de los cambios legislativos del anterior gobierno
  138. Promover un amplio acuerdo social y político que, partiendo del Acuerdo Parlamentario por la Ciencia suscrito en 2013, permita alcanzar el máximo consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación.
  139. Crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, presidido por el Presidente del Gobierno.
  140. Impulsar la inversión pública en I+D+i civil y recuperar como objetivo estratégico el consenso europeo del 3% del PIB.
  141. Promover un Plan Especial para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico
  142. Reforma del Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación para que responda al modelo del European Research Council y al papel previsto para ella en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011.
  143. Promover un Acuerdo Social y Político por la Cultura,
  144. Recuperar el Ministerio de Cultura para darle un impulso definitivo a la cultura, a las artes, a la creación, a las industrias culturales
  145. Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales. Es imprescindible el inmediato establecimiento del IVA cultural al tipo reducido y será una de nuestras primeras medidas del Gobierno, rebajando el IVA cultural del 21 al 10
  146. Elaborar una Ley de Mecenazgo, donde se incluirá un sistema de bonificaciones a la exportación,
  147. Reformar la Ley de Propiedad Intelectual con el objeto de hacer efectiva la necesaria protección de la propiedad intelectual
  148. Un Plan para El Cervantes: el Instituto Cervantes es la ventana al mundo de la lengua y cultura españolas.
  149. REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES, COMBATIENDO LA POBREZA Y FORTALECIENDO LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DEL BIENESTAR.
  150. Reconocer en la Ley General de la Seguridad Social un Ingreso Mínimo Vital como prestación no contributiva.
  151. Incrementar la cuantía de la prestación por hijo a cargo y extensión de su duración con objeto de combatir de forma eficaz la pobreza infantil.
  152. Complemento Salarial Garantizado (CSG)
  153. Dotar de recursos suficientes al Plan Integral de Inclusión Social.
  154. Elaborar una estrategia para la inclusión de personas sin hogar, con atención específica a los jóvenes extutelados que aborde la formación, la vivienda y la prestación que evite el riesgo de exclusión social.
  155. Aprobar una Ley de protección de los consumidores vulnerables contra la pobreza energética.
  156. Reconocer el derecho de las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos
  157. Reforma de la Ley Hipotecaria para la eliminación automática de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo por parte de las entidades financieras y sin previa exigencia del titular de una hipoteca.
  158. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para declarar inembargable la renta activa de inclusión, las prestaciones de Servicios Sociales, las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, las del Plan Prepara, la renta agraria y el subsidio para trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario, los subsidios por desempleo, las ayudas y becas al estudio, y otras análogas a éstas.
  159. Puesta en marcha urgente de un Programa de Alquiler Social mediante un acuerdo con la SAREB y otras entidades financieras propietarias de viviendas vacías.
  160. El nuevo Gobierno aprobará en 2016 una subida del SMI de al menos el 1% con el fin de ir recuperando su pérdida de poder adquisitivo, que ha alcanzado en los últimos años el 4,1%.
  161. Se creará un Comité de Salarios integrado en el nuevo Observatorio de la Productividad y Competitividad, para que informe al Gobierno a partir de 2017 sobre posteriores subidas anuales.
  162. Recuperación del subsidio por desempleo para los parados mayores de 52 años
  163. Pacto sanitario
  164. Restablecer la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud.
  165. Recuperar la Tarjeta Sanitaria en los plazos anteriores al Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril.
  166. Reforzar la gestión pública del sistema.  Reforzar el papel del Consejo Interterritorial, para lograr una eficaz codecisión y una mayor coordinación con las Comunidades Autónomas.
  167. Gestión activa del gasto mejorando los procesos y la calidad del sector,
  168. Converger hacia una cartera común de servicios para toda la ciudadanía,
  169. Plan de modernización de la atención a la salud mental,
  170. Desarrollar la Ley General de Salud Pública,
  171. Impulsar un proceso de evaluación independiente para el seguimiento de la calidad del sistema de acuerdo con las Comunidades Autónomas.
  172. Aumentar la eficiencia del gasto impulsando un Plan Estratégico de Tecnología Sanitarias.
  173. Impulsar una Estrategia de Coordinación de los servicios sociales y sanitarios para obtener sinergias entre los dos sistemas.
  174. Planificación de las necesidades de profesionales del Sistema Nacional de Salud y de homologación profesional según la normativa europea.
  175. Incrementar la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios en todos aquellos casos en los que las CCAA de forma voluntaria consideren que pueden mantener un ahorro significativo
  176. Asegurar la Interoperabilidad de las diferentes herramientas de la e-salud en todo el sistema sanitario:
  177. Desarrollar una política de eficiencia en el gasto.
  178. Garantizar que el copago farmacéutico no sea una barrera de acceso, en especial para personas en situación de especial vulnerabilidad.
  179. Identificar mejoras en las rutas asistenciales para los pacientes
  180. Ampliar la posibilidad de que las farmacias participen en programas preventivos.
  181. Restablecer el papel del Pacto de Toledo en la estrategia de sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones
  182. Garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones,
  183. Recuperar el papel del diálogo social y político en los procesos de reformas del sistema de pensiones.
  184. Impulsar en el seno del Pacto de Toledo un acuerdo sobre la articulación del modelo de financiación del sistema con ingresos procedentes del sistema tributario.
  185. Establecer cambios en los ingresos por cotizaciones que vinculen la aportación al sistema con los ingresos realmente percibidos al tiempo que se adoptan medidas para impedir la erosión de los ingresos como consecuencia de la proliferación del trabajo precario y a tiempo parcial.
  186. Aprobar una Ley marco de Servicios Sociales.
  187. Aprobar un Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales desde la Administración General del Estado para desarrollar las estructuras de los servicios sociales de atención primaria.
  188. Proponer un Pacto de Estado por la Autonomía personal y la Dependencia garantizando una mayor integración de servicios sociales, financiación estable y suficiente.
  189. Recuperar los principios inspiradores de la Ley de la Dependencia, sus objetivos e implantación. Derogar el incremento de copago y las incompatibilidades introducidas en la pasada legislatura.
  190. Realizar una evaluación de la aplicación de la Ley para poner en marcha las recomendaciones y mejoras que se requieran y garantizar la equidad en las prestaciones.
  191. Abordar la incorporación al Régimen General de la Seguridad Social a los cuidadores familiares de las personas en situación de dependencia.
  192. Nuevo Plan Estratégico de infancia y Adolescencia dotado de recursos económicos y humanos necesarios para que permita su aplicación efectiva.
  193. Aprobar una estrategia integral frente a la violencia contra la infancia de acuerdo con los servicios sociales, las CCAA y la FEMP y la participación de organizaciones de infancia.
  194. Plan de Atención Temprana.
  195. Aprobar una Ley contra la Violencia Intrafamiliar.
  196. Aprobar un Plan Nacional para el Envejecimiento Activo y Saludable,
  197. Modificar la legislación para adaptar el ordenamiento civil y penal a lo establecido por la Convención de Derechos de las personas con discapacidad.
  198. Promover la inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad incorporando colectivos con necesidades específicas como la población rural y las mujeres con medidas concretas.
  199. Impulsar un compromiso de los medios de comunicación de titularidad estatal para elaborar y difundir contenidos que promuevan mayor grado de visibilidad de las personas con diversidad funcional.
  200. Promover que la publicidad institucional de la Administración General del Estado incorpore la recomendación de transmitir mensajes inclusivos, donde se trate la diversidad funcional.
  201. Igualdad Salarial: Se establecerán los mecanismos legales oportunos destinados a hacer efectivo el principio de igualdad salarial.
  202. Se inducirá a las sociedades cotizadas a adoptar medidas dirigidas a incrementar la representación de mujeres en los cargos directivos .
  203. Garantizar el cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas, del Plan Concilia 2005 y la Resolución de 28 de diciembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas que señala que la jornada laboral debe finalizar a las 18:00.
  204. Promover la incorporación en la negociación colectiva de medidas relacionadas con la racionalización de los tiempos y las jornadas laborales, así como el establecimiento de fórmulas de disponibilidad horaria que permitan a los trabajadores y trabajadoras acumular créditos de horas para la atención de responsabilidades personales y de cuidado.
  205. Poner en marcha un incremento del permiso de maternidad y paternidad pasando de las 18 semanas actuales a 26.
  206. Adoptar una nueva regulación del teletrabajo,
  207. Promover un pacto nacional para la racionalización de horarios, la conciliación personal y laboral, la igualdad y la corresponsabilidad.
  208. Creación de un portal web con información sobre buenas prácticas de flexibilidad laboral donde se exponga un listado con las empresas adheridas al Sello Horario Racional.
  209. Recuperación del huso horario GMT que sirva de catalizador para el resto de medidas propuestas, en el marco de una campaña de concienciación sobre las ventajas económicas y sociales de racionalizar los horarios y flexibilizar la jornada laboral.
  210. Desarrollar una prestación no contributiva por maternidad en el ámbito de la Seguridad Social de 6 semanas de duración, para las mujeres demandantes de empleo que tengan un hijo y no tengan derecho a la prestación contributiva de maternidad.
  211. A efectos del cálculo de las pensiones, en el marco del Pacto de Toledo, reconocer a todas las mujeres un bonus de dos años de cotización por cada hijo o hija y un bonus de un año al otro progenitor si acredita fehacientemente que asumió el cuidado del hijo o hija.
  212. Aprobar una Ley Integral para las personas transexuales que las proteja contra toda discriminación. Esta normativa perseguirá el reconocimiento del derecho a la libre manifestación de la identidad de género.
  213. Interrupción voluntaria del embarazo: Ambas organizaciones defienden la Ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo. Por su parte, el Partido Socialista se reserva la posibilidad de impulsar la reforma de la Ley del aborto en relación con las jóvenes de 16 y 17 años.
  214. Maternidad subrogada y custodia compartida: Ciudadanos se reserva la posibilidad de impulsar la regulación de la maternidad subrogada, así como de la custodia compartida de menores como régimen general en los procedimientos de separación y divorcio.
  215. Ley de muerte digna.
  216. Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia
  217. Reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la Seguridad Ciudadana. Se reformará la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para revisar los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos otros que reconocen facultades excesivas de intervención por las fuerzas de seguridad, sustituyen el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones o los que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales: restricciones del tránsito y controles en las vías públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos.
  218. Regular el desarrollo de los derechos digitales
  219. Ley Marco de Bienestar Animal
  220. PACTO SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
  221. Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer.
  222. Dotar suficientemente las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género por parte de las Comunidades Autónomas y de los servicios de proximidad de los ayuntamientos.
  223. Crear la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en cada CCAA.
  224. Aumentar los recursos para poner en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género.
  225. Establecer protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género
  226. Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
  227. Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género.
  228. REFORMA DE LOS PARTIDOS POLITICOS: MÁS DEMOCRACIA INTERNA Y MÁS TRANSPARENCIA
  229. Refundir la Ley de Partidos Políticos y la Ley sobre Financiación de los Partidos Políticos en una sola Ley de Partidos.
  230. Dotar de mayor capacidad de participación a los afiliados o militantes mediante la elección directa de determinados cargos orgánicos.
  231. Regular la selección de las candidaturas a la presidencia de los gobiernos nacional y autonómicos y a las corporaciones locales (a partir de una determinada población) mediante sufragio directo y secreto de las personas afiliadas del ámbito territorial correspondiente.
  232. Se asegurará la existencia de órganos internos de garantía y control dotados de un estatuto de independencia en su actuación.
  233. Vincular la financiación que los partidos reciben del Estado, además de al resultado electoral en número de escaños y de votos, a elementos de democracia interna de los partidos, en los términos que la ley establezca.
  234. Establecer incentivos fiscales regresivos para las aportaciones privadas a los partidos, previendo un sistema de devolución para las personas que no realizan la declaración del IRPF.
  235. Regular un sistema de microdonaciones a través de Internet para donaciones inferiores a 200 euros.
  236. Dotar de transparencia a todos los ingresos públicos y privados,
  237. Informar trimestralmente al Tribunal de Cuentas de todas las aportaciones privadas recibidas.
  238. Obligación de realizar una Auditoría externa anualmente.
  239. Retener toda subvención pública a los partidos políticos que no hayan remitido sus cuentas al Tribunal de Cuentas.
  240. Regular que los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos deben hacerse responsables patrimonialmente de dichos actos.
  241. Establecer la obligación para los Partidos políticos de publicación de la liquidación de gastos e ingresos electorales, teniendo en cuenta un techo de gasto.
  242. Reforzar el papel de control y fiscalización del Tribunal de Cuentas para auditar en tiempo real las cuentas de las organizaciones políticas, con una mayor capacidad sancionadora.
  243. REFORMA DE LAS CORTES GENERALES
  244. Incluir las obligaciones, los procedimientos y las garantías necesarias para asegurar la total transparencia de la información parlamentaria.
  245. Convertir la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados en una Comisión Permanente de Peticiones y Participación Ciudadana.
  246. Prever la constitución de un órgano específicamente encargado de realizar un seguimiento del cumplimiento dado a las resoluciones aprobadas por la Cámara.
  247. Crear una Oficina del Ciudadano en el Congreso de los Diputados, para canalizar la participación y colaboración de la ciudadanía.
  248. Previsión, en los tiempos y momentos de intervención en los debates, de condiciones equilibradas entre los parlamentarios y los miembros del Gobierno.
  249. Establecer, con carácter general, la previsión de réplicas entre los intervinientes en todos los debates, así como de un último turno de los autores de las iniciativas para contestar a los demás intervinientes.
  250. Previsión de que, en debates parlamentarios concretos, una vez que hayan intervenido los portavoces de los Grupos, los diputados que así lo deseen puedan también intervenir previa petición de palabra.
  251. Incrementar los trabajos de la Cámara.
  252. Con carácter general, el procedimiento legislativo debe tener dos lecturas: en el Pleno, sobre la totalidad del proyecto, y en la Comisión correspondiente, garantizando el debate detallado del proyecto, por artículos y enmiendas. En las leyes orgánicas y en las iniciativas de especial relevancia, como la Ley de Presupuestos, la lectura final en el Pleno sólo debería incorporar enmiendas previo acuerdo de un número mínimo de grupos parlamentarios.
  253. Incorporar la regulación expresa de la obligación del Gobierno de remitir la documentación generada durante la tramitación de los proyectos de ley, conjuntamente con el proyecto, y la forma de accesibilidad pública por medio de la página Web del Congreso.
  254. Prever un cauce específico de participación de manera directa en el procedimiento legislativo para colectivos que puedan verse afectados por la aprobación de una determinada ley.
  255. Incorporar asimismo, el trámite de informe de otras comisiones competentes por razón de la materia objeto del proyecto, acordándose por la Mesa, de oficio o a petición de alguna comisión, fijando un plazo para ello.
  256. La tramitación de los Decretos-Leyes como proyectos de ley cuando así lo soliciten dos grupos parlamentarios o una tercera parte de los diputados.
  257. Considerar como iniciativas nuevas las enmiendas que versen sobre materias ajenas a las que trata la iniciativa original de modo que hayan de tramitarse como tales.
  258. Regular en la tramitación de las proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular la posibilidad de que, uno de sus representantes pueda defender de forma directa sus propuestas.
  259. Incorporar a las iniciativas legislativas la “huella legislativa” para facilitar el conocimiento y la comprensión de la procedencia,
  260. Introducir los mecanismos necesarios para asegurar el seguimiento del progresivo cumplimiento y ejecución de los Presupuestos Generales del Estado.
  261. El refuerzo de los mecanismos de información y control de la acción del Gobierno.
  262. Potenciación de las sesiones plenarias de control, retrasando la finalización del plazo para su formulación, ampliando el número de preguntas de la oposición, y
  263. Regulación expresa de las interpelaciones dirigidas al Presidente.
  264. Establecer el carácter obligado de las comparecencias urgentes del Presidente del Gobierno y de los Miembros del Gobierno cuando lo solicite una minoría cualificada de la Cámara.
  265. Regular el desarrollo del debate anual sobre el Estado de la Nación.
  266. Facilitar la creación de Comisiones de Investigación a solicitud de una minoría cualificada de la Cámara. Prever expresamente la obligación de veracidad de los comparecientes en estas comisiones.
  267. Celebración de los debates sobre los Consejos Europeos con carácter previo a su reunión.
  268. Previsión de procedimientos parlamentarios específicos para que el Congreso de los Diputados participe en decisiones que afectan a sus competencias originarias,
  269. Incorporación a la norma reglamentaria del procedimiento de consulta previa y autorización parlamentaria en relación con las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior.
  270. Reforzar las obligaciones de información relativas a las declaraciones de actividades y bienes patrimoniales.
  271. Los Diputados deberán presentar, al comienzo y fin de su mandato, una Certificación de Hacienda sobre su situación patrimonial y sobre el estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
  272. Atribuir a la Comisión del Estatuto de los Diputados, además de sus funciones preparatorias de las decisiones del Pleno en materia de incompatibilidades,
  273. Establecer la dedicación exclusiva de los diputados y senadores, que solo podrán percibir las retribuciones que les correspondan por ejercer la representación parlamentaria.
  274. Reforma del Reglamento del Senado en paralelo al del Congreso y de acuerdo con previsiones similares
  275. Culminación de la normalización del uso de lenguas cooficiales.
  276. Garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de la “mejora regulatoria”, o sea, los de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia, así como de mínima imposición de cargas a los ciudadanos.
  277. Evitar que la regulación sirva a los intereses regulados. Evitar que sea una barrera a la competencia.
  278. Garantizar el efectivo cumplimiento de prestar la máxima atención al proceso de consulta pública en la elaboración de los proyectos normativos.
  279. Garantizar el efectivo desarrollo de los procedimientos de evaluación a posteriori que permitan la revisión de las normas y, en su caso, determinar su derogación o modificación.
  280. PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO DE CARGOS DE DESIGNACIÓN PARLAMENTARIA
  281. Convocatoria pública de las vacantes a cubrir;
  282. El procedimiento afectará a los miembros del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo y sus adjuntos; a los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y a los miembros de la Junta Electoral Central.
  283. A este procedimiento se someterá la elección de los miembros del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales a cuya constitución efectiva se procederá en el plazo de seis meses.
  284. Incorporar al sistema de audiencia previa a los nombramientos propuestos por el Gobierno del Gobernador y los Consejeros del Banco de España y el Presidente del Instituto Cervantes.
  285. Los miembros del Consejo de RTVE se nombrarán de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores.
  286. El nombramiento del Presidente del Consejo de RTVE requerirá una mayoría de dos tercios de los miembros del Congreso de los Diputados.
  287. El nombramiento del Presidente del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno requerirá una mayoría de dos tercios de los miembros de la Comisión correspondiente.
  288. REFORMA DEL SISTEMA ELECTORA. Las bases del régimen electoral se encuentran en el texto de la propia Constitución y, en consecuencia, su alteración requiere la reforma previa de ésta.
  289. Impulsar los medios y realizar las reformas legislativas necesarias para facilitar el voto electrónico.
  290. Revisar el procedimiento electoral.
  291. Reformar el sistema de voto de la ciudadanía residente fuera de España para facilitar una mayor participación con medidas como la desaparición del voto rogado.
  292. Reforzar el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales a la ciudadanía de origen extranjero, facilitando su inscripción de oficio en el censo electoral.
  293. Establecer para la elección de diputados y diputadas un sistema de listas desbloqueadas.
  294. Considerar la posibilidad de desbloquear las listas también para las elecciones municipales.
  295. Mejorar la proporcionalidad.
  296. Garantizar la igualdad mediante el sistema de listas paritarias.
  297. Posibilitar de forma efectiva el ejercicio del voto a las personas con discapacidad que hoy no pueden ejercerlo.
  298. Regular la celebración de debates electorales,
  299. REFORMA DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
  300. Modificar la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno
  301. Imponer obligaciones específicas de transparencia a las entidades que participan en la prestación de servicios públicos,
  302. Incluir entre los extremos a publicitar de los contratos públicos las cesiones del contrato y las subcontrataciones.
  303. Igualmente las Administraciones Públicas publicarán la información relativa a las campañas de publicidad o comunicación institucional que hayan promovido
  304. También serán objeto de publicidad activa los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, incluidas las recalificaciones y las modificaciones de los planes urbanísticos.
  305. Las Administraciones Públicas publicarán el inventario de sus bienes inmuebles y derechos reales y los datos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas.
  306. Hacer del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno un órgano realmente independiente,
  307. Aprobar una nueva Ley de Secretos Oficiales
  308. Constituir, en el plazo de tres meses, un Grupo de Expertos que presenten, en el plazo de seis meses, una propuesta de reforma de la Función Pública que,
  309. Elevar de 5 a 10 años el periodo mínimo de servicio activo del funcionariado para pasar a excedencia voluntaria por interés particular.
  310. Incorporar un régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades durante los primeros dos años de la excedencia voluntaria por interés particular.
  311. Aprobar un plan de Oferta de Empleo Público
  312. Aprobar una nueva Ley de Expropiación Forzosa
  313. Puertas giratorias. Incluir, en la legislación de conflictos de intereses, un supuesto especial de incompatibilidad al cese de altos cargos.
  314. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
  315. Revisar los deberes y obligaciones de los funcionarios y cargos públicos
  316. Revisar las normas de Contratación pública
  317. Revisar la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias muy graves y la identidad de sus autores.
  318. En relación con las subvenciones y demás medidas de fomento, al igual que sucede con la normas de contratación, revisar las reglas para garantizar la transparencia
  319. Revisar las normas reguladoras de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales, fundaciones públicas, etc, para reforzar e intensificar los mecanismos de prevención.
  320. Regular el acceso al ejercicio de representación de intereses e influencia en la política (Lobby), para evitar la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias.
  321. Establecer beneficios en la contratación con el sector público para aquellas empresas que firmen Pactos de integridad.
  322. Establecer las condiciones para facilitar que en la empresa se puedan poner en práctica normas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC/RSE), que constituyen un valor competitivo no solo a nivel empresarial, sino también de la economía de un Estado.
  323. Revisar los actuales delitos contra la Administración Pública (prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias,  Tipificar el delito de enriquecimiento injusto (o ilícito) que castigue el incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos, producido durante el período de su mandato, cuando no puedan justificar la causa de este incremento.
  324. Tipificar entre las modalidades del delito de encubrimiento la figura del testaferro en las conductas de creación y/o mantenimiento de estructuras societarias.
  325. Revisar el delito de financiación ilegal de partidos políticos
  326. Reforma y revisión integral de las medidas administrativas y penales contra el fraude fiscal, el fraude de subvenciones y el fraude a la Seguridad Social.
  327. Revisar las competencias de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción para los delitos de funcionarios públicos, autoridades y corrupción política.
  328. Establecer un plan especial para dotar de medios humanos y materiales adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, especialmente a la Fiscalía Anticorrupción y las fiscalías provinciales, donde se concentra más del 80% de los casos de corrupción.
  329. Establecer incentivos para fomentar y favorecer el afloramiento de casos de corrupción
  330. Revisar las normas reguladoras del comiso para asegurar que la persona condenada por un caso de corrupción responda con bienes patrimoniales presentes y futuros.
  331. Crear una Oficina Anticorrupción con capacidad de actuación directa y coordinada en todo el ámbito del sector público.
  332. Dotar a la Oficina de Conflicto de Intereses de mayor independencia y prever un mecanismo de rendición de cuentas ante el Parlamento sobre su actividad.
  333. Establecer expresamente la obligación de colaboración con el Tribunal de Cuentas por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Administración de la Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses, así como de cualquier órgano administrativo, agencia, organismo autónomo o entidad pública empresarial de cualesquiera administraciones públicas.
  334. Ampliar los poderes del Tribunal de Cuentas y establecer el deber de colaborar con el mismo de cualquier tercero que pueda estar relacionado con la actividad económico financiera que se estuviera fiscalizando.
  335. Poner en marcha en las AAPP planes de prevención contra la corrupción, en los que se determine los funcionarios responsables de cada expediente, los protocolos de actuación cuando un funcionario detecte algún indicio de corrupción y los instrumentos de protección de dichos funcionarios frente a posibles represalias.
  336. REFORMA DE LA JUSTICIA
  337. Impulsar un Pacto de Estado con el objetivo de alcanzar las ratios medias en los Estados
  338. Derogación inmediata de la prisión permanente revisable incluida hoy en el Código Penal.
  339. Derogación también inmediata del artículo 315.3 del Código Penal, sobre el ejercicio del derecho de huelga.
  340. Revisión de las penas relativas a los delitos que afectan al conjunto de la sociedad, como los delitos contra la Hacienda Pública, la ordenación del territorio, el medio ambiente y el urbanismo.
  341. Y con carácter más general, revisión del Código Penal, para volver a los principios del Código Penal de la democracia.
  342. Con carácter inmediato derogar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo referido a la limitación de los plazos de instrucción.
  343. Aprobar con el mayor consenso una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de garantías.
  344. Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la autonomía de la institución.
  345. Reformar la LOPJ para redefinir la nueva estructura organizativa y territorial del Poder Judicial, revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y asegurar el mérito y la capacidad en los nombramientos judiciales. Reducir a la mitad la composición del CGPJ y corregir sus funciones.
  346. Realizar una reforma del sistema de justicia gratuita fomentando la especialización y dotándola de medios suficientes y adecuados.
  347. Desarrollar el despliegue territorial de la oficina judicial y de sus servicios comunes, implantando en todo el territorio español un único sistema informático de gestión procesal.
  348. Suprimir las tasas judiciales actuales para pequeñas y medianas empresas.
  349. Crear los tribunales de instancia, que sustituirán a los órganos unipersonales.
  350. Fortalecer los derechos de los consumidores por medio de una legislación integral.
  351. Aprobar una Ley de participación institucional que permita a sindicatos y organizaciones empresariales cumplir con rigor y transparencia el papel que el artículo 7 de la Constitución les encomienda en la defensa y representación de los intereses profesionales que les son propios.
  352. REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
  353. Reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
  354. A estos efectos, constitución, en el plazo de un mes, de un grupo de trabajo plural para la preparación de la modificación de la LOFCA en el plazo de seis meses, con el fin de que puedan hacerse frente a sus previsiones en los PGE 2017.
  355. REFORMA DE LAS INSTITUCIONES LOCALES
  356. Derogar las modificaciones introducidas en la legislación de régimen local por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
  357. Aprobar una nueva Ley de Financiación Local.
  358. Fomentar, en coordinación con las CCAA, la racionalización de las entidades locales en España.
  359. Promover una mayor profundización en la integración comunitaria a todos los niveles
  360. Impulsar una Unión Europea que vele por el fortalecimiento y defensa de los intereses y valores europeos,
  361. Crear mecanismos más eficaces para conseguir una mejor aplicación de los derechos fundamentales, y hacer que nuestra democracia y Estado de Derecho sean más sólidos.
  362. Recuperar para España su papel protagonista en Europa, referente de derechos, paz y seguridad.
  363. Estrechar la cooperación entre el Congreso de los Diputados y las instituciones europeas, promoviendo los cambios necesarios para que se convierta en una verdadera Cámara de debate de asuntos europeos.
  364. Restructurar nuestros órganos de política exterior ante la UE y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas ante las Cortes Generales.
  365. Promover la mejora de los sistemas de control de los responsables de la Unión, implantando, por ejemplo, la moción de censura contra un comisario aislado.
  366. Defender la comparecencia ante el Parlamento Europeo del Presidente del BCE en el momento de su elección.
  367. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de los comisarios ante los Parlamentos nacionales.
  368. Reforzar y acelerar la puesta en marcha del Plan de Inversión Juncker, velando por la inclusión de iniciativas para las pymes.
  369. Trabajar con todas las fuerzas políticas para forjar una posición común sobre la reforma de la Unión Económica y Monetaria que implique completar la Unión Bancaria.
  370. Estrechar la cooperación entre el Parlamento Español y el Parlamento Europeo, reforzando especialmente la implicación del Congreso de los Diputados en el semestre europeo.
  371. Apoyar iniciativas en el ámbito europeo conducentes a la lucha contra la desigualdad y la pobreza y por la creación de empleo de calidad.
  372. Establecer un Plan Europeo contra la pobreza, con fondos de cohesión y solidaridad europeos, para atender los problemas más agudos de exclusión social.
  373. Impulsar una política común europea de asilo e inmigración.
  374. Dar respuesta efectiva y urgente a la crisis de las personas refugiadas mediante el apoyo a los países vecinos.
  375. Promover la creación de un Procedimiento Común de Asilo Europeo y reforzar las oficinas de Asilo, eliminando las malas prácticas y corrigiendo las instrucciones ministeriales que restringen de facto la posibilidad de solicitar asilo.
  376. La defensa y promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos han de constituir el eje fundamental de nuestra política exterior.
  377. Aprobar un Plan Renovado de Derechos Humanos.
  378. Revocar la reforma del gobierno del PP en materia de Jurisdicción Universal para que España pueda ser otra vez referente en la lucha contra la impunidad y la defensa de los Derechos Humanos y para defender a nuestros ciudadanos víctimas de una infracción fuera de nuestras fronteras.
  379. Promover activamente iniciativas dirigidas a convertir en prioridad universal la lucha contra la pena de muerte.
  380. Hacer cumplir estrictamente la Ley sobre Comercio de armas, denegando toda autorización cuando exista riesgo de que puedan ser usadas de manera contraria a la dignidad humana.
  381. Devolver la cooperación al corazón de la acción exterior de España promoviendo una nueva ley de cooperación y desarrollo sostenible adecuada a la agenda post 2015 que incorpore los derechos humanos, la gobernabilidad democrática, la igualdad entre mujeres y hombres, la sostenibilidad ambiental y la coherencia de políticas.
  382. La política de cooperación al desarrollo formará parte del pacto de Estado en política exterior, asumiendo los nuevos Objetivos del Milenio (OMD) definidos por la ONU en 2015.
  383. Plantear una senda realista para la recuperación presupuestaria a medio plazo.
  384. Modificar la Ley de Mecenazgo para promover la participación privada en proyectos de desarrollo.
  385. Contribuir al fortalecimiento de las Áreas Prioritarias de Cooperación establecidas por la Cumbre Iberoamericana de Veracruz.
  386. Articular una estrategia con América Latina para la potenciación y extensión del español y de nuestras culturas en el mundo.
  387. Incorporar a las pymes a la creciente interrelación empresarial entre España y América Latina y fomentar las inversiones latinoamericanas en España como instrumento de recuperación económica.
  388. Crear un plan de acción con África Subsahariana para apoyar su enorme potencial de desarrollo y aliviar la tensión migratoria que existe en sus países.
  389. Promover una política de inmigración comunitaria que busque resolver los problemas estructurales de los países africanos, luchar contra las redes ilegales que trafican con seres humanos y canalizar los flujos migratorios legales.
  390. Promover la reforma del Consejo de Seguridad para hacerlo más eficiente.
  391. Utilizar el G-20 para plantear una mejor regulación de las finanzas internacionales y una mayor coordinación contra los paraísos fiscales.
  392. Definir las necesidades de personal de las Fuerzas Armadas de acuerdo con las capacidades militares que requiere la defensa nacional y los compromisos internacionales asumidos por España.
  393. Aprobar una programación presupuestaria plurianual para la Defensa Nacional,
  394. Asegurar el compromiso de España en misiones de paz y seguridad internacional convencidos de que nuestra seguridad se extiende tanto en misiones de paz como en intervenciones específicas frente a potenciales amenazas fuera de nuestras fronteras, siempre con pleno respeto a la legalidad internacional.
  395. Impulsar un marco legislativo estratégico que estabilice, racionalice y fortalezca la industria de seguridad y defensa.
  396. Garantizar la plena operatividad de las Fuerzas Armadas asegurando el cumplimiento de las horas de adiestramiento, maniobras, horas de mar y horas de vuelo imprescindibles para el mantenimiento de nuestras capacidades.
  397. Reformar la jurisdicción militar para su homologación íntegra a los demás órdenes jurisdiccionales.
  398. Revisar el Sistema de Reservistas Voluntarios, y la consolidación de las escalas de complemento.
  399. Diseñar un Plan de Inteligencia del CIFAS como potente servicio de inteligencia para las necesidades estratégicas de las FAS.
  400. Promover el desarrollo de la política común de seguridad y defensa para la construcción progresiva de Fuerzas Armadas Europeas.
  401. Desarrollar la Ley de Seguridad Nacional.
  402. Potenciar las medidas destinadas a la reducción del número de accidentes en carretera.
  403. Actualizar la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
  404. Profundizar canales operativos de coordinación que garanticen la cooperación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
  405. Formación única y compartida para los efectivos TEDAX-NRBQ.
  406. Revisión del estatuto profesional (acceso, formación, ascensos, destinos, salarios) de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y del Cuerpo de la Guardia Civil.
  407. Racionalizar las compras del Ministerio del Interior creando un órgano central de adquisiciones de material y equipamiento que afronte las necesidades conjuntas de las FFCCSS del Estado.
  408. Disponer los recursos necesarios para la atención al creciente número de internos en establecimientos penitenciarios aquejados de enfermedades psiquiátricas.
  409. Revisión del Estatuto de la Víctima para garantizar el compromiso institucional con el reconocimiento a las víctimas del terrorismo de acuerdo con los principios de memoria, verdad, dignidad y justicia.
  410. Apoyar los esfuerzos internacionales para una solución política en Siria, el acceso de la ayuda humanitaria, y la supervisión de la inutilización de instalaciones de producción de armas químicas. Apoyar un proyecto de convivencia común en Irak y su unidad nacional.
  411. Luchar contra las desigualdades, la pobreza, la opresión y la violación de los derechos humanos en el norte de África y Oriente Medio, fomentando el diálogo intercultural e interreligioso, como medidas no militares para hacer frente a los movimientos extremistas que amparan la violencia.
  412. Favorecer la creación de un organismo coordinador de inteligencia en la Unión Europea.
  413. Apoyar la coalición global contra el ISIS. Suprimir todas las fuentes de financiación del terrorismo, perseguir y prohibir el tráfico ilegal de armas.
  414. Creación, en el plazo de un mes, de una Subcomisión para la reforma de la Constitución Española en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso.Su función será la de proceder, durante un período de seis meses, a sesiones de audiencia que posteriormente permitan la presentación de un acuerdo sobre el “perímetro” pactado de la reforma.
  415. Reconocimiento de nuevos derechos civiles y políticos.
  416. Reconocimiento como derechos fundamentales de derechos sociales e incorporación de garantías sobre la dotación presupuestaria de los mismos.
  417. Supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona.
  418. Revisión de las bases del sistema electoral, con remisión de su concreción a la LOREG, que debería requerir una mayoría cualificada para su modificación posterior.
  419. Modificación de la composición y funciones del Senado.
  420. Incorporación del “hecho” Unión Europea al ordenamiento constitucional.
  421. Revisión del Título VIII y los preceptos conexos. Desarrollar concepto de Estado Federal.
  422. El Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos promoverán, en el primer mes de ejercicio del nuevo Gobierno, una reforma urgente de la Constitución para la que buscarán el mayor consenso posible y que afectará a los siguientes extremos:
  423. Supresión del aforamiento de diputados, senadores y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
  424. Reducción a 250.000 firmas del mínimo exigido por el artículo 87.3 para la presentación de proposiciones de ley de iniciativa popular.
  425. Establecimiento de un plazo máximo de ocho años consecutivos para ejercer el cargo de Presidente del Gobierno.
  426. Reducción a diez del número de vocales del Consejo General del Poder Judicial regulado en el artículo 122.3.
  427. Supresión de las Diputaciones Provinciales de régimen común y creación de Consejos Provinciales de Alcaldes para la atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia respectiva.
  428. En el marco de este acuerdo el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos quieren manifestar su permanente e inequívoco compromiso compartido con la unidad e integridad de España y la defensa del orden constitucional así como su voluntad de promover que la reforma constitucional que en su día se aborde incluya
  429. El reconocimiento como derecho fundamental del derecho a la protección de la salud;
  430. El reconocimiento, como derechos constitucionales con las características que se acuerden, del derecho de acceso a la información pública, los derechos digitales, los derechos a la seguridad social, a la atención en situaciones de dependencia y a los servicios sociales, el derecho a la vivienda y el derecho al medio ambiente;
  431. La determinación del alcance de la “estabilidad social del Estado” a que se refiere el artículo 135 como criterio que justifica la superación de los límites de déficit y deuda pública y sus implicaciones en la garantía de dotación presupuestarias para los grandes servicios públicos;
  432. La revisión de las bases del sistema electoral, con remisión de su concreción a la LOREG, ley que requerirá una mayoría de 3/5 para su modificación. Entre esas bases se incluirán medidas para incrementar la proporcionalidad, desbloquear las listas, facilitar el voto a las personas con discapacidad y posibilitar formas de voto electrónico.
  433. En el plazo de seis meses se constituirá una ponencia para la reforma de la LOREG en los aspectos que no requieran una modificación previa de la Constitución;
  434. La transformación del Senado en estricta Cámara Territorial con una composición máxima de 100 miembros y con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado, entre las que figurarán la determinación del sistema de financiación autonómica, los Planes Estatales de infraestructuras de transporte o la determinación de niveles comunes en los grandes servicios públicos;
  435. La revisión del Título VIII para suprimir los preceptos ya obsoletos; incorporar las denominaciones de las CCAA y ciudades autónomas; garantizar la igualdad de trato de todos los españoles, sea cual sea su Comunidad de origen o residencia; determinar con precisión las competencias del Estado y las de las CCAA y la incidencia en las mismas de los hechos diferenciales reconocidos en la Constitución; establecer los principios del sistema de financiación autonómica (autonomía, coordinación, suficiencia, solidaridad, en los términos interpretados por el Tribunal Constitucional); establecer los instrumentos de cooperación; definir el alcance del principio de lealtad constitucional; determinar el papel y la responsabilidad del Estado y de las CCAA en relación con la pertenencia de España a la Unión Europea.
  436. Oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España.
  437. En el caso de que el Senado, tras el proceso de reforma constitucional, no se transforme en la Cámara Territorial que se describe más arriba, abogar por su supresión como Cámara de segunda lectura.

Pacto complementario en materia de compromiso contra la corrupción.

25/02/2016